Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Francia (LCB-FT)
La LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) es el marco legal y regulatorio integral francés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Transponiendo las directivas europeas contra el blanqueo, impone obligaciones de diligencia debida, declaración de sospechas y conservación de datos a los profesionales sujetos.
El marco francés LCB-FT se basa principalmente en el Código Monetario y Financiero (artículos L. 561-1 y siguientes) y sus textos de aplicación. Se aplica a una amplia gama de profesionales sujetos: entidades de crédito, compañías de seguros, notarios, abogados, contadores públicos, agentes inmobiliarios, marchantes de arte, plataformas de criptoactivos y muchos otros. Cada profesional sujeto debe establecer un dispositivo interno de LCB-FT proporcionado a sus riesgos.
Las obligaciones clave incluyen: la identificación y verificación de la identidad del cliente y del beneficiario efectivo antes de establecer la relación comercial; la implementación de medidas de vigilancia continua (monitoreo de operaciones, actualización de datos); la declaración de sospecha ante Tracfin cuando se detecta una operación sospechosa; y la conservación de los documentos justificativos durante cinco años tras el fin de la relación comercial.
Francia reforzó su dispositivo LCB-FT tras la evaluación mutua del GAFI de 2022, que señaló la necesidad de mejorar la supervisión de las profesiones no financieras. La ACPR (para el sector financiero) y la DGCCRF, los colegios profesionales y las federaciones (para las profesiones no financieras) supervisan el cumplimiento de estas obligaciones. Las sanciones pueden ser severas: multas administrativas, prohibición de ejercer e incluso procesamiento penal.
Regulaciones
Ejemplos concretos
- 1.Un agente inmobiliario verifica la identidad del comprador y del vendedor en una transacción superior a 15.000 euros, recoge un justificante de identidad y un justificante de domicilio, y conserva estos documentos durante cinco años tras la firma de la escritura.
- 2.Un contador público detecta flujos financieros inusuales en las cuentas de un cliente y presenta una declaración de sospecha ante Tracfin sin informar al cliente afectado, conforme a la obligación de confidencialidad.
- 3.Un banco online actualiza su evaluación de riesgos LCB-FT y reclasifica a ciertos clientes como de alto riesgo debido a vínculos con personas políticamente expuestas, activando medidas de diligencia debida reforzadas.